Plan de Gobierno

MEDIO AMBIENTE

Trabajaremos desde el Ministerio del Ambiente con los gobiernos locales de las principales ciudades, con el sector privado y con recursos de la comunidad internacional en un programa para recuperación de los ríos, no solo para descontaminarlos sino para evitar que sean utilizados como vertederos de basura y desechos. Los ríos deben ser de todos y para todos. Si otras ciudades del mundo han logrado hacerlo, nosotros lo haremos también

Impulsaremos la integración de la institucionalidad ambiental y fortalecer el SINA para asegurar el liderazgo efectivo de las instituciones ambientales. Mi objetivo es destinar recursos para fortalecer los sistemas que velan por nuestro ambiente, y que los entes que componen el sistema puedan ser vigilados eficientemente por una ciudadanía involucrada en el cumplimiento de las políticas ambientales de protección y conservación. En este sentido, prestaremos especial atención a las Corporaciones Autónomas Regionales CAR, cuyo potencial es enorme pero no han sido operativas porque han sido capturadas por la política.

Además de fortalecer los institutos científicos que forman parte del SINA garantizaremos recursos para la ciencia, el desarrollo tecnológico, la investigación y la educación. También mantendremos un diálogo permanente con las comunidades tradicionales y el saber académico e institucional para nutrirnos de su conocimiento.

Invitaré y motivaré a cada colombiano y colombiana a que entiendan la importancia de reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y a que contribuyan a hacerlo en su diario vivir. El objetivo es que cada colombiano se sienta identificado con la necesidad de prevenir el cambio climático y entienda que sus acciones individuales pueden contribuir a la reducción de los impactos negativos que podemos llegar a tener como colectivo nacional.

Daremos un giro para enfocarnos en el uso de energías renovables, con el objetivo de avanzar al mismo tiempo que otros países del mundo. La política contra el cambio climático debe enfocarse en la adaptación y emprenderemos acciones muy temprano en mi gobierno para asegurarnos de que así sea.

Haremos un mayor énfasis en la planificación, ejecución y gestión de los proyectos hidroenergéticos para garantizar que no se vean afectados los derechos del agua, ni los derechos humanos. Garantizaremos, además, que las comunidades locales de los lugares donde se genera cualquier tipo de energía, sean las primeras beneficiarias del proyecto en cuestión.

Promoveremos que el ordenamiento territorial se establezca con estrategias para reducir los impactos negativos que puedan tener los eventos naturales. La paz territorial se consigue invirtiendo en la gestión del riesgo. Por esta razón, debemos contar con los servicios ecosistémicos que hemos despreciado en el pasado. La Ciencia, Tecnología e Innovación, y el conocimiento local, serán la clave para configurar estos planes.

Estimularemos a gobiernos locales y regionales, y a la empresa privada, para que construyan planes integrados de adaptación al cambio climático. La realidad es que el clima ya ha cambiado y los territorios, las ciudades y los municipios deben contar con mecanismos que les permitan adaptar sus dinámicas económicos, sociales y culturales a los nuevas variaciones en el clima.

Tener equilibrio significa comprender el funcionamiento territorial ecológico y cultural para apostarle al mejor desarrollo posible. La megadiversidad de Colombia se expresa en territorios muy distintos. Conseguir la paz en cada uno de ellos, con su gente y su naturaleza, es fundamental para la nueva apuesta de desarrollo. El objetivo es llevar el Estado a los territorios para comprender sus distintas vocaciones y desde allí integrar la necesidades e intereses particulares con las del nivel nacional, sin atentar contra el buen funcionamiento territorial.

Nuestro principal propósito es estructurar un desarrollo regional-territorial, que responda a las necesidades ecológicas y culturales de cada territorio. El Estado debe establecer unos máximos de uso territorial para tener una eficiencia ecosistémica y productiva asegurada. De esta manera, evitaremos que ciertas industrias, que pueden ser impulsoras del crecimiento económico en ciertos territorios, se impongan a la fuerza en otros donde, ecológicamente, no es viable tenerlas.

Daremos prioridad a aquellas industrias y sectores de la economía que busquen un crecimiento equilibrado con el medio ambiente, que sean sostenibles y que generen bienestar en los diversos estilos de vida. Aseguraremos, además, que los conocimientos locales, la exploración de la diversidad cultural y las técnicas ancestrales sean tenidos en cuenta por las industrias.

Involucraremos y daremos incentivos al sector privado para que apoye y desarrolle las cadenas productivas sostenibles, y para que le apueste a la economía circular. El biocomercio y el turismo serán nuestra apuesta principal, y velaremos porque todos los territorios aporten a estas nuevas banderas de la economía.

Convertiremos a Colombia en un gran destino para el turismo ecológico, empezando por el Pacífico para extendernos a otras regiones del país. Potenciaremos el ecoturismo a través de una inversión masiva en infraestructura y conectaremos al Pacífico con el resto del país. Impulsaremos municipios con gran potencial como Capurganá y Acandí y los convertiremos en un destino ecoturístico mundial. Trabajaremos con la Universidad del Chocó para fomentar la generación de capacidades locales, aprendizaje del idioma inglés y capacitación en la administración de servicios turísticos. Esta experiencia será replicada en otras regiones con potencial turístico.

Garantizaremos mayor rigor en la expedición de títulos mineros y licencias ambientales. La minería ya no puede ser la única apuesta económica en que se base el futuro del país, aún pasando por encima de todas las demás oportunidades que ha tenido Colombia en el pasado, que tiene en el presente y que debe consolidar en el futuro. Si bien es claro que no podemos negarnos a contar con proyectos minero energéticos que garanticen inversión y dinamicen la economía, también lo es que debemos ser más cuidadosos para no otorgar títulos o licencias a proyectos que atenten contra el agua, el bienestar social o los ecosistemas de los territorios.

Fomentaremos el enfoque de las ciudades sostenibles. Diseñaremos indicadores más ambiciosos de sostenibilidad y gestión ambiental para las ciudades y premiaremos a las que cumplan con las metas. Una ciudad no solo influye en el bienestar de quienes viven dentro de ella, sino de quienes colindan y contribuyen a su sostenibilidad.

Aumentaremos el presupuesto para el sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, que ha tenido recortes injustificados en las últimas vigencias fiscales. No es posible dar al manejo ambiental la importancia que merece con un gasto equivalente a solo el 0,2% del Presupuesto General de la Nación, como está previsto para este año. Estos recortes presupuestales afectan directamente a las instituciones ambientales del SINA que se encargan por velar y materializar los principios ambientales de la Constitución de 1991. Los recortes al presupuesto para el medio ambiente (11% en 2018 con respecto a la vigencia anterior) son inaceptables porque afectan la ejecución de programas vitales para proteger nuestros ecosistemas.

Fortaleceremos los mecanismos de vigilancia, supervisión, evaluación y coordinación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible sobre las entidades del Sistema Nacional Ambiental. Para ello, dotaremos al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible con funcionarios expertos en manejo ambiental la materia para minimizar la curva de aprendizaje y minimizar la posibilidad de errores de gestión que afecten nuestros recursos.

También buscaremos, con el apoyo de la Contraloría General de la Nación e instituciones académicas, fomentar estrategias de capacitación de gestión de recursos para las distintas entidades del SINA, las cuales no están administrando ni ejecutando debidamente los recursos públicos. Por ejemplo, en 2016 un total de 22 de las 25 corporaciones autónomas regionales de Colombia ejecutaron solo una parte de su presupuesto y constituyeron reservas por encima de lo establecido. Como consecuencia, recibieron menores recursos para la vigencia del 2017.

Las CAR serán un soporte fundamental para el posconflicto. Estas entidades liderarán la ejecución de temas vitales para la construcción de paz en el país. De ahí la importancia de acompañar y asesorar a las distintas corporaciones en los diferentes departamentos, con miras a aumentar y potenciar sus capacidades para que puedan cumplir con el reto inmenso que el posconflicto les espera. Según el Informe del estado de los Recursos Naturales, las 18 CAR que van a tener un papel prioritario en la construcción de paz no tienen las capacidades suficientes para cumplir de la mejor manera sus funciones. Por eso nos enfocaremos en el fortalecimiento institucional de las CAR y las prepararemos para la construcción de paz en los territorios.

Impulsaremos una cultura de paz con la naturaleza. La reconciliación que propongo desde mi gobierno también tiene que incluir a la naturaleza, y es una tarea para toda la sociedad. Promoveré desde mi gobierno una cultura de paz con la naturaleza, con el objetivo de poner la paz en marcha hacia un modelo sostenible que repiense la naturaleza más allá de un usufructo y la instituya como el más preciado de los capitales.

En este propósito, los niños(as), jóvenes y adultos crearán su propio futuro. Los nexos entre la infancia y la educación ambiental tendrán como propósito crear plena conciencia sobre la importancia de cuidar la naturaleza, y los adultos tendrán la responsabilidad de configurar y promover la cultura del cambio requerido para convivir en paz con la naturaleza.

Velaremos por una mayor articulación entre las entidades gubernamentales en los planos nacional, regional y local. Los ministerios Agricultura y Desarrollo rural, de Ambiente y Desarrollo sostenible, y de Infraestructura y Minas y Energía tendrán canales de comunicación efectiva y constante para asegurar que no haya contradicción en sus políticas, y que a la vez puedan aclarar sus competencias y armonizar sus criterios.

Actualización, ajuste y fortalecimiento del Plan Nacional de Desarrollo Forestal.

Actualización y adecuación del marco normativo sobre conservación, ordenación, manejo y aprovechamiento de bosques

Reestructuración y fortalecimiento del MADS y de las CAR para el desarrollo de acciones de planificación, asistencia técnica y capacitación forestal que garanticen la conservación y el uso sostenible de los bosques

Estructuración y puesta en funcionamiento del Servicio Forestal Nacional

Adopción de mecanismos de diálogo y resolución de conflictos generados en el uso del territorio, incluyendo la formalización, apoyo y funcionamiento de la Mesa Nacional Forestal y de las Mesas Forestales Regionales.

Estructuración e implementación de un programa integral para la buena gobernanza forestal, con participación activa de los diversos actores públicos y privados, seguimiento, monitoreo y divulgación de acciones y resultados .

LA PAZ EN MARCHA

1 Entre 500.000 y un millón de empleos en los primeros años

Jovenes al servicio social obligatorio

3 Becas completas universitarias con manutención a los más necesitados.

4 programas de empleo para los más jóvenes y mayores de 55 años.

5 programas “postsecundaria” según intereses de los jóvenes

6 IPS fuera de la mano de los políticos

7 NO más evasores

8 Inversion en megaproyectos de sectores agrícola, industrial y teconológico

9 Generación de empleo y empresa en zonas afectadas por el conflicto.

10 fortalecimiento de las fuerzas militares y la policía

11 Trabajo con la rama judicial para que tengamos una justicia eficiente

12 No mas casa por cárcel a los corruptos

13 Personas integras y capaces en altos cargos

14 NO más clientelismo! Cualquier actividad extractiva que no sea responsable será castigada

15 Protección a la biodiversidad

PRIMERO LOS POBRES

El Estado tiene la obligación de integrar plenamente a los pobres a una sociedad que les brinde oportunidades y condiciones para que compitan con éxito, y para que tengan mejores oportunidades de salir adelante. Los criterios actuales con los que se asignan los recursos y las cargas fiscales NO contribuyen a mejorar la situación de los más pobres, y mucho menos a cerrar la brecha entre ricos y pobres.

Colombia no tiene una política de Estado que ponga a los pobres en el primer lugar de las prioridades para que accedan a servicios y bienes públicos de buena calidad. Es por eso que nosotros proponemos poner primero a los pobres, una política que se apoya en principios de justicia social y que asegurará los recursos para responder a las necesidades de los menos privilegiados.

El filósofo John Rawls planteó que para saber qué tan justa es una sociedad hay que preguntarle a sus miembros si están dispuestos a cambiar de lugar con cualquier otra persona en la sociedad. A esto, Rawls añadió que si la respuesta era negativa, eso se debía a que hay diferencias en dotación de servicios y de oportunidades que hay que subsanar. Como regla general, aquellos con quienes no se desea cambiar de lugar es con los más pobres; por eso, son ellos quienes deben ser los primeros en la fila para la asignación de prioridades y recursos.

Esta es la única manera de romper el círculo vicioso de la pobreza y alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.

Mi propósito es dotar a los más pobres con las competencias y herramientas que necesiten para generar sus propios ingresos y progresar. Una de las maneras para lograrlo es asegurar que los pobres tengan acceso igualitario a bienes y servicios públicos de buena calidad y diseñar una política destinada a mejorar la cobertura para que ningún colombiano quede por fuera. Esto, aunado a una política tributaria que busque la progresividad de los impuestos son las bases principales de mi política para disminuir la pobreza y la desigualdad, que constituyen dos de las peores formas de injusticia en Colombia.

Primero los Pobres incluirá medidas de choque necesarias, encaminadas a atacar de forma simultánea algunas de las variables circunstanciales que tienden a perpetuar la pobreza de ciertos segmentos de la población y a impedir que se cierre la brecha entre los más privilegiados y los más pobres de la población. Por esta razón, nuestra política se enfocará en las regiones geográficas más olvidadas de Colombia (particularmente el litoral Pacífico, especialmente el departamento de Chocó y las ciudades de Buenaventura y Tumaco, y las zonas más pobres de la costa Atlántica), y en las áreas más marginadas de las ciudades del país.

También orientaremos los programas hacia las poblaciones más vulnerables, incluyendo mujeres, niñas, poblaciones afrodescendientes e indígenas, y personas desplazadas o víctimas del conflicto. Cambiaremos el énfasis de los programas enunciados para concentrarnos en herramientas de capacitación y apoyo para la generación de ingresos, en vez de tener un enfoque asistencialista que, lejos de empoderar a los necesitados, los puedan volver dependientes del Estado. Mantendremos los subsidios para aquellas poblaciones que están condenadas a la pobreza, como las personas con discapacidad permanente y severa, o los adultos mayores sin familia o pensión.

Uno de los mayores problemas en materia de equidad, es que una buena parte de los subsidios se filtra a población no pobre. Conforme lo reporta la Comisión del Gasto, y a pesar de su intención redistributiva, el 30% de los subsidios al consumo de servicios públicos domiciliarios, el 22,4% de los subsidios de vivienda y el 48,3% del subsidio familiar a trabajadores que se reparte a través de las Cajas de Compensación, se entrega a la clase media.

En ocasiones los subsidios no responden a la identificación de una necesidad económicamente relevante sino a presiones lobistas de grupos económicos o políticos. Trabajaremos para focalizar de mejor manera los esfuerzos del Estado en materia de subsidios hacia las poblaciones más vulnerables y pobres, asegurando que los programas sean económicamente eficientes y justificados en función de sus objetivos.

Otra medida concreta que propongo para reducir la desigualdad en forma contundente es una reestructuración del sistema de pensiones. Es inaceptable que el sistema pensional, tal y como está diseñado, subsidie las pensiones de un 20% de los colombianos, generalmente los más ricos, mientras que la gran mayoría de trabajadores del país llega a la vejez sin contar con una pensión. El verdadero desafío, por lo tanto, es ampliar la base de los pensionados. La solución al cuello de botella que hay en materia de pensiones no está en aumentar la edad para pensionarse, sino en asegurar que más colombianos puedan recibir una pensión que les permita vivir dignamente. Nuestra propuesta en este sentido está orientada a crear una pensión universal de supervivencia para la vejez de los más desprotegidos. La reforma pensional es materia de un documento separado que aborda el tema de manera integral.

CRECIMIENTO ECONÓMICO

Sin crecimiento económico no es posible atender adecuadamente a la población más pobre, y por ello es urgente concebir y poner en marcha reformas estructurales para impulsar la economía tanto a nivel de demanda interna, como para abrir nuevos espacios para las exportaciones y crear empleos bien remunerados. En este sentido, nuestra política Primero los Pobres está encaminada a tener un impacto positivo sobre la demanda interna de la economía. Al contar con un ingreso, o mejorar el que tienen, los beneficiarios de esta política podrán demandar bienes y servicios, y de esta manera generar crecimiento económico.

Así mismo, nos proponemos transformar los sectores productivos para diversificar la base de nuestras exportaciones y aumentar significativamente su volumen. Con el fin del conflicto, las oportunidades más inmediatas están en el sector agropecuario, que ha dado importantes signos de crecimiento, pero también es necesario estimular la producción de bienes con valor agregado, que genera gran cantidad de empleo especialmente en los centros urbanos.

También canalizaré mis esfuerzos en mejorar el conocimiento técnico y aumentar las competencias tácticas en el sector manufacturero y el de servicios de alta tecnología. Es por eso que en nuestro plan de gobierno propongo el programa de Colombia inteligente, orientado a fortalecer la tecnología y la inversión extranjera dirigida; fomentar la inmigración y la cooperación público-privada con universidades; buscar un mayor provecho de las oportunidades de integración; impulsar la reforma arancelaria y laboral, como también las zonas especiales de desarrollo económico (Pacífico, región atlántica y fronteras).

Por último, concentraremos esfuerzos y recursos en el fortalecimiento de la educación y la capacitación técnica. Para esto, tenemos contemplada la transformación del Ministerio de Educación en el Ministerio de la Inteligencia, que tendrá como mandato adicional el de incentivar la investigación, el desarrollo y la formación técnica en el exterior. Este ministerio absorberá además, los programas de educación preescolar y formación para el trabajo; de esta manera quedará integrada la estrategia educativa en su totalidad. Adicionalmente, crearemos becas destinadas a mujeres que quieran formarse en otros países, y mejoraremos el papel de las universidades en el desarrollo del conocimiento. Estas propuestas están explicadas en documentos programáticos separados que hemos preparado sobre competitividad, economía y educación, entre otros.

CREACIÓN DE EMPLEOS COMPLEMENTARIOS

Como he dicho en varias ocasiones, las políticas y programas concebidos para el posconflicto en el sector rural son inaplazables. No obstante, también es imperativo concebir y poner a funcionar un programa de posconflicto urbano para aumentar la seguridad económica de los pobres en las ciudades, muchos de ellos provenientes del sector rural. Con cerca de ocho millones de personas desplazadas del campo por la violencia en las últimas dos décadas, y viviendo en centros urbanos en condiciones de pobreza extrema, es urgente generar empleos para esta población. Devolverles la dignidad a estos colombianos y reintegrarlos a la sociedad como personas productivas y capaces es un deber moral del Estado, una forma de resolver una injusticia de enorme magnitud, y una oportunidad de crecimiento para la economía del país.

Uno de los problemas más críticos que enfrentan los jóvenes colombianos es el desempleo y la falta de oportunidades para generar su propio ingreso, particularmente en la población más pobre.

Ampliaré el acceso de esta población a educación técnica y formal y también crearé oportunidades para que puedan acceder a programas de capacitación y aprendizaje en el trabajo. También haremos énfasis en la creación de programas “post secundaria” en los colegios públicos y privados, en los años 11 y 12, para brindarles a los jóvenes competencias básicas para el trabajo y capacitación técnica en oficios de alta tecnología (incluyendo en programación, codificación, mantenimiento de computadores, desarrollo de apps, “contra-hacking”, video juegos, y diseño y manejo de redes), y cursos preparatorios para las carreras universitarias (pre-enfermería y pre-médico; escritura y expresión oral y corporal).

En el sector rural ofreceremos, adicionalmente, programas de capacitación en competencias Q

básicas para agricultura y ganadería, como también en cuidados básicos del medio ambiente.

Finalmente, destinaré recursos suficientes para impulsar, desde el Ministerio de Trabajo y en colaboración con las autoridades departamentales y municipales, programas de empleo para jóvenes desempleados y personas mayores de 55 años consideradas “inempleables”. El objetivo es, por una parte, dar un mayor alcance a la Ley de Empleo Juvenil y, por otra, crear nuevas fuentes de trabajo para los mayores. Para ello estableceré un mecanismo de cooperación con los gobiernos departamentales y el sector privado local, de manera que los primeros aporten el 20 por ciento de los recursos, mientras el sector privado aportará otro 20 por ciento a cambio de beneficios tributarios, y el gobierno central cubrirá el 50 por ciento restante para creación de empleo en áreas como:

Construcción de caminos vecinales, mantenimiento y construcción de infraestructura rural y urbana.
Creación de parques y otros bienes públicos como distritos de riego, senderos recreacionales ecológicos, reservas ambientales, ciclovías y centros culturales.

La meta de este programa será crear 600,000 empleos para los jóvenes y 400,000 empleos para los mayores de 55 años durante los cuatro años de mi gobierno. Como en todos los programas sociales del gobierno, se les dará prioridad a los más pobres, y entre ellos a las mujeres.

ECONOMIA

Incrementaremos el recaudo de las personas naturales que tienen mayores ingresos. Esto nos permitirá, en el mediano plazo, transitar hacia a un impuesto plano del 26% sobre las utilidades de las empresas.

Mientras en los países desarrollados el 80% de los aportes los hacen las personas naturales y el 20% las sociedades, en Colombia sucede lo contrario y las sociedades terminan aportando el 80% de la tributación, lo cual desestimula la actividad empresarial, que a su vez es uno de los motores más importantes del crecimiento económico.

Además, vamos a eliminar las exenciones que hoy se permiten a algunas empresas y sectores. Hemos calculado que ésta sola medida implica un incremento del orden de cinco billones de pesos adicionales en el recaudo.

Reformaremos el impuesto a las personas para hacerlo más progresivo y ampliaremos la base tributaria. De esta manera, solamente los individuos con mayor capacidad adquisitiva serán los que pagarán más.

Es necesario reconocer que la composición del patrimonio de quienes tienen mayores ingresos con frecuencia lleva a pagar tasas impositivas más bajas que los asalariados, una situación a todas luces injusta y que por lo mismo debemos acabar.

Por consiguiente, la tributación que recae sobre las personas debe ser mucho más progresiva, de modo que todos aporten de acuerdo con su nivel de ingreso.

Gravaremos las rentas pasivas del capital que no producen valor agregado, y que actualmente no pagan impuestos.

Este es el caso de los rendimientos financieros y las utilidades recibidas de sociedades o en negociaciones de menos del 10% de las acciones en bolsa de valores.

En la medida en que el recaudo aumente gracias a las anteriores medidas, me propondré la disminución de la tarifa de renta para las pequeñas y medianas empresas, las cuales hoy tributan al 34%. La tributación de los empresarios pequeños a esas tasas representa una absoluta falta de equidad, si tenemos en cuenta que grandes sociedades calificadas como zonas francas permanentes especiales vienen tributando al 15%, estuvieron exentas del impuesto para la Equidad CREE hasta el 2016, y tributarán en renta al 20% de ahora en adelante.

Tomando como ejemplo lo que han hecho otros países, estableceremos un sistema especial de tributación para no residentes por ventas indirectas en operaciones en el exterior, cuando tengan como sustrato económico la negociación de bienes en Colombia. En la actualidad estas operaciones no son declaradas, ni tributan en el país. Eliminaremos el régimen de ganancias ocasionales, salvo para rifas y sucesiones.

Aumentaremos las tasas del impuesto predial y las haremos más progresivas, de manera que el aporte sea creciente según el valor de los predios, en especial en relación con predios improductivos o poco productivos. Esto supone, por supuesto, la existencia de un catastro organizado y la formalización de la tierra.

Buscaremos que los impuestos sean más progresivos para las personas naturales. La tributación y el gasto público son necesarios para lograr una mejor distribución de ingreso y para que, por consiguiente, Colombia deje de estar en los primeros lugares de la lista de los países con mayores niveles de desigualdad en el mundo.

Modificaremos la forma en la que se declaran los ingresos, de manera que esta declaración sea por hogar y no de manera individual. Esto permitirá asociar la tasa de tributación al ingreso per cápita del hogar y así evitar castigar en exceso a los individuos que tienen personas a su cargo, logrando de esta manera una verdadera progresividad en la tributación.

Además, este sistema ayudará a hacer realidad el objetivo de ampliar la base tributaria para el impuesto de renta. Estableceremos una tasa impositiva progresiva sobre el patrimonio de los hogares, pero las inversiones en activos productivos no se contarán como parte del patrimonio de los hogares. También estableceremos una tasa impositiva progresiva sobre las herencias de las personas, y una tasa impositiva progresiva sobre la ganancia ocasional.

Si bien mantendremos los impuestos sobre el tabaco y el alcohol, revisaremos sus tasas para asegurar que no se incentive con ellos el contrabando.

Este recaudo seguirá destinándose al sector de la salud. Impulsaremos un impuesto a los vehículos automotores que operan con diésel y gasolina para incentivar el tránsito a un parque vehicular que opere con combustibles más limpios o con energía eléctrica.

En este sentido, y siguiendo los lineamientos de mi propuesta ambiental, buscaremos elevar un impuesto a la contaminación del aire originada en procesos productivos, para incentivar el tránsito al uso de tecnologías limpias.

Convertiremos el 4 por mil en un sistema de retención de renta, lo que significa que lo que se pague por este concepto será descontado a la hora de calcular el impuesto de renta.

Estableceremos un drástico control a la evasión, el fraude fiscal y el contrabando, con medidas encaminadas a establecer la penalización, en responsabilidad solidaria, de gerentes, juntas directivas, revisores fiscales y asesores.

Estudiaremos la posibilidad de darle participación en las sanciones pagadas por los evasores a quienes reporten la evasión o fraude fiscal.

Señalaremos los criterios para garantizar la responsabilidad en la administración tributaria por parte de los funcionarios fiscalizadores, con indemnización a los contribuyentes por procesos tributarios adelantados en su contra sin fundamento legal, en clara contravía de los hechos, o en abierta contradicción con reiterados fallos judiciales.

Replantearemos los sistemas tributarios departamentales, distritales y municipales, para hacerlos más eficientes y facilitar el cumplimiento por parte de los contribuyentes.

REFORMA RURAL INTEGRAL

La Reforma Rural Integral es el norte que guía todas las propuestas acá contenidas. Esta reforma es un compromiso adquirido por el Estado colombiano y, como tal, lo cumpliré a cabalidad. Sin perjuicio de los demás puntos contenidos en la Reforma, considero que vale la pena enfatizar mi compromiso con el cumplimiento de los siguientes:

El Fondo de Tierras seguirá operando para cumplir con la meta de redistribución de 3 millones de hectáreas en 12 años a partir de su creación. Tal y como está estipulado en la creación de esta figura, las tierras serán distribuidas entre trabajadores del campo que no posean tierra o que posean tierra en extensiones insuficientes.
También, en virtud del compromiso adquirido por el Estado colombiano, cumpliremos con el programa de formalización masiva de 7 millones de hectáreas para la pequeña y mediana propiedad rural.
Daremos cumplimiento a lo pactado en relación con la promoción de formas modernas de explotación de la tierra que permitan una inserción exitosa de los productores en un proceso de globalización en el que se encuentra el país.

INCLUSIÓN SOCIAL

Desarrollar una ambiciosa política educativa que permita elevar la esperanza de vida escolar de 5 a 9 años, como en las ciudades. Esto requiere la implementación de nuevos modelos educativos, donde el currículum esté fuertemente ligado a competencias que tengan impacto en la seguridad alimentaria y en la generación de ingresos. Modelos como Escuela Nueva pueden ser guías para este programa.
También es necesario mejorar la oferta de educación superior, especialmente técnica, en las zonas rurales. Para esto continuaremos los ambiciosos programas de conectividad de todo el territorio nacional, e implementaremos uno de los programas bandera de mi gobierno: Universidad para Todos (explicado en detalle en el documento programático sobre educación). Diseñaremos programas de educación a distancia de alta calidad, cuyo contenido tenga impacto directo en la generación de ingresos de los habitantes del campo.
Tal y como lo expusimos en nuestro documento programático sobre salud, el enfoque que adoptaremos, particularmente en zonas rurales y zonas rurales dispersas, será el de crear salud. Esto significa un programa enfocado en la prevención y protección de la salud. Adoptaremos estrategias de visitas domiciliarias en zonas rurales y rurales dispersas, e implementaremos programas de telemedicina a medida que alcancemos los niveles de conectividad suficientes.
La protección a la vejez es casi inexistente en zonas rurales. Por eso, como lo hemos expuesto en nuestro documento programático sobre pensiones, pondremos en marcha un programa de ayuda económica universal para todos los adultos mayores.
Además, reformaremos el programa de atención a la tercera edad conocido como BEPS (Beneficios económicos periódicos). Esto hará más fácil para los trabajadores ocasionales e informales ahorrar y tener una pensión en el futuro. Este punto también está desarrollado en nuestro documento programático sobre pensiones.
La política de vivienda ha tenido un sesgo hacia la disminución del déficit cuantitativo, lo que ha significado dejar en segundo plano la reducción del déficit cualitativo, que es el que padecen la mayoría de familias rurales. Por esta razón, enfocaremos nuestro esfuerzo en atacar el déficit cualitativo de vivienda mediante el fortalecimiento de programas de mejoras en el hogar.
Haremos una reforma significativa del Sistema General de Participaciones. Si bien hoy en día este sistema reconoce categorías de ruralidad, es necesario incluir el costo de la prestación de servicios como criterio para la repartición del presupuesto. Lo anterior sin perjuicio de desarrollar nuevos modelos de prestación de servicios básicos, que se adapten mejor al contexto y sean más costo efectivo.

INCLUSIÓN PRODUCTIVA

Es necesario un compromiso absoluto con la implementación del catastro multipropósito. Esta herramienta permitirá el levantamiento de la información física, jurídica y económica de los predios. Los objetivos primordiales serán tanto la recolección de información como la formalización de la propiedad de la tierra.
Mediante el trabajo articulado de la Agencia Nacional de Tierras, el IGAC y la Superintendencia de Notariado y Registro, lanzaremos un programa sin precedentes de los predios rurales por la mecánica de barrido municipio a municipio. Nuestra meta es bajar la tasa de informalidad del 60% al 30% en cuatro años.
Para garantizar la coordinación de las diferentes entidades involucradas en el catastro multipropósito, este proceso será liderado desde la presidencia. Llevaremos a cabo un barrido municipio por municipio, y daremos prioridad a aquellos donde el nivel de informalidad y/o desactualización es mayor.
La implementación de este catastro requerirá de un marco normativo especial, cuya aprobación en el Congreso constituirá una prioridad en mi gobierno.
Además, fortaleceremos la Agencia Nacional de Tierras para garantizar que el acceso de las víctimas a la tierra sea una realidad.
Las adjudicaciones de tierra que llevaremos a cabo serán coherentes con las potencialidades productivas de cada predio adjudicado. Garantizaremos siempre el cumplimiento de la función social de la propiedad.
Por medio de grandes programas de inclusión financiera, estimularemos el mercado de tierras
Impulsaremos el desarrollo de redes para la comercialización de productos, que integren a los productores a los grandes mercados, nacionales e internacionales. Impulsaremos la oferta de servicios financieros, así como de mecanismos de aseguramiento a familias agrícolas.
Promoveremos la asociatividad de productores para la construcción, adecuación y manejo de distritos de riego. La Nación debe entregar a los territorios el manejo de la infraestructura existente. Es necesario promover esquemas de financiación eficientes para que las asociaciones de productores puedan desarrollar nuevos distritos de riego. La asociatividad, además, es fundamental para consolidar cadenas productivas que permitan la eliminación de intermediarios y la negociación directa de precios.
De la mano del programa Universidad para Todos, promoveremos la adopción de buenas prácticas de explotación agrícola, así como la adopción de tecnologías para incrementar la productividad. Desarrollaremos, también, instancias para la generación de conocimiento desde los territorios, con acompañamiento de las secretarias departamentales e instituciones de educación superior.
Tal y como lo desarrollamos en el documento programático sobre infraestructura, en mi gobierno le daré un fuerte impulso a la red secundaria y terciaria de vías. Promoveremos pactos con asociaciones de productores donde el Estado arregla o construye los caminos y los productores se encargan de su mantenimiento. El acceso a los mercados es crítico para la inclusión productiva de las familias agricultoras, como no agricultoras.

Las estrategias de formalización de tierras contemplarán acciones afirmativas para atacar la exclusión de las mujeres campesinas. En ese sentido las propiedades serán tituladas a las parejas, incluso cuando la unión marital es solo de hecho.

Ampliaremos el acceso a créditos para la mujer rural. Esta estrategia no abarcará únicamente a las mujeres cabeza de familia sino a las mujeres campesinas en general.
Ningún programa podrá supeditar la entrega de recursos a la aprobación del conyugue o compañero.

• Buscaremos alternativas para atacar la pobreza de tiempo que padecen las mujeres rurales por cargar con el peso del cuidado del hogar y cuidado de familiares.

Información extraída de la página web del candidato.