Los resultados de la primera vuelta presidencial dejan a Colombia frente a una de las contiendas más polarizadas de los últimos años. Mientras Iván Cepeda representa la continuidad de una agenda progresista marcada por el legado del gobierno Petro, Abelardo de la Espriella encarna el ascenso de una nueva derecha que combina seguridad, nacionalismo cultural y confrontación abierta con las políticas de diversidad e inclusión.
Bogotá, 31 de mayo de 2026. Los resultados de la primera vuelta presidencial confirman que Colombia deberá elegir en segunda vuelta entre dos proyectos políticos profundamente distintos. Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico, y Abelardo de la Espriella, aspirante del movimiento Defensores de la Patria, disputarán la Presidencia de la República en una elección que trasciende los nombres propios y que, para amplios sectores sociales, representa una definición sobre el futuro de la democracia, los derechos humanos y el alcance del Estado Social de Derecho.
Con corte al boletín #16, Cepeda obtuvo 9.231.677 votos, mientras que De la Espriella alcanzó 9.791.468 sufragios, consolidando una polarización que ya venía perfilándose durante la campaña electoral. Aunque ambos candidatos han logrado conectar con sectores importantes del electorado, sus visiones sobre el papel del Estado, la ciudadanía y los derechos de las poblaciones históricamente excluidas son difícilmente conciliables.
Abelardo de la Espriella: la llegada de las nuevas derechas al escenario presidencial
La clasificación de Abelardo de la Espriella a la segunda vuelta constituye uno de los fenómenos políticos más relevantes de esta elección. Abogado penalista y empresario nacido en Montería, De la Espriella construyó su figura pública desde el litigio mediático, la confrontación política y un discurso de autoridad que privilegia el castigo, el control social y el fortalecimiento de los aparatos coercitivos del Estado.
Su narrativa política se encuentra estrechamente vinculada a las nuevas derechas latinoamericanas que han ganado terreno durante los últimos años. Al igual que otros liderazgos regionales, articula un discurso que combina promesas de seguridad, exaltación de valores tradicionales, nacionalismo cultural, reducción del tamaño del Estado y rechazo a las agendas asociadas a los derechos sexuales y reproductivos, la igualdad de género y la diversidad.
En términos políticos, su proyecto puede entenderse como una síntesis entre el modelo de autoridad punitiva promovido por Nayib Bukele y las propuestas de liberalización económica y confrontación cultural impulsadas por Javier Milei. Esta combinación resulta particularmente relevante porque no solamente plantea reformas institucionales, sino una reconfiguración de los consensos democráticos construidos durante las últimas décadas.
Su programa de gobierno evidencia con claridad esta orientación. La propuesta concentra sus esfuerzos en seguridad, sistema penitenciario, fuerza pública, lucha contra el crimen organizado y reducción del aparato estatal. Sin embargo, no contempla mecanismos específicos para la protección de poblaciones históricamente discriminadas ni incorpora enfoques diferenciales orientados a garantizar derechos de las personas LGBTIQ+, mujeres o grupos étnicos.
Más que una omisión accidental, esta ausencia parece responder a una concepción particular del Estado: uno que se entiende principalmente como garante del orden y no como instrumento para corregir desigualdades históricas.
Cuando la diversidad se convierte en enemigo político
La candidatura de Abelardo de la Espriella representa mucho más que una propuesta conservadora. Su irrupción en la segunda vuelta presidencial expresa la consolidación en Colombia de una corriente política que ha ganado terreno en distintos países de la región y que combina punitivismo, nacionalismo cultural, liderazgo personalista y una profunda desconfianza hacia los enfoques contemporáneos de derechos humanos.
La preocupación que genera la candidatura de De la Espriella para los movimientos LGBTIQ+ no se limita a la ausencia de propuestas específicas. El riesgo principal se encuentra en la construcción discursiva que ha desarrollado alrededor de la denominada «ideología de género», un concepto ampliamente utilizado por sectores conservadores para desacreditar políticas públicas orientadas a la igualdad y la inclusión.
Su discurso no se limita a cuestionar determinadas políticas públicas. En múltiples ocasiones ha construido a las personas LGBTIQ+, a los movimientos feministas y a las agendas de igualdad como símbolos de una supuesta decadencia moral o como expresiones de una élite cultural desconectada de las preocupaciones ciudadanas. Esta estrategia no es novedosa. Hace parte de una fórmula política que ha demostrado ser eficaz para movilizar descontentos sociales mediante la creación de enemigos internos y la simplificación de problemas estructurales complejos.
Este tipo de narrativas tiene efectos que trascienden el debate electoral.
Cuando quienes aspiran a ocupar la Presidencia de la República convierten a determinados grupos sociales en objeto permanente de confrontación política, se generan condiciones propicias para la legitimación de prejuicios, el fortalecimiento de discursos de odio y la normalización de prácticas discriminatorias.
La preocupación no radica únicamente en la ausencia de propuestas para las personas LGBTIQ+, sino en la manera en que estas poblaciones aparecen dentro de su narrativa política: no como sujetos de derechos, sino como referentes de una disputa cultural permanente.
La experiencia comparada demuestra que cuando los liderazgos políticos convierten la diversidad en un objeto de confrontación ideológica, los efectos trascienden el plano discursivo. Se debilitan los consensos democráticos construidos alrededor de la igualdad, se erosionan las capacidades institucionales de protección y se crea un clima social más favorable para la discriminación y la violencia.
Por ello, la principal alerta frente a la candidatura de De la Espriella no radica únicamente en lo que propone, sino también en aquello que hace políticamente posible. La pregunta que emerge para esta organización defensora de los derechos ya no es si su proyecto presenta riesgos para las personas LGBTIQ+, sino cuál podría ser la magnitud de esos riesgos en caso de alcanzar el poder.
Asimismo, De la Espriella plantea interrogantes que exceden la agenda LGBTIQ+. Lo que está en discusión es el alcance mismo del Estado Social de Derecho. Su propuesta parece orientarse hacia un modelo de gobierno donde la seguridad adquiere una centralidad absoluta y donde los derechos pueden quedar subordinados a nociones abstractas de orden, autoridad y tradición.
La historia democrática latinoamericana demuestra que cuando el poder concentra sus esfuerzos en fortalecer mecanismos de control sin fortalecer simultáneamente las garantías ciudadanas, los sectores históricamente marginados suelen ser los primeros en asumir los costos, y el riesgo a consolidar regímenes autoritarios –sino son dictatoriales- es enorme.
Iván Cepeda y el peso de una herencia política compleja
Si la candidatura de De la Espriella genera inquietudes por sus posibles retrocesos, la de Iván Cepeda enfrenta un desafío distinto: administrar las expectativas y contradicciones heredadas del gobierno de Gustavo Petro.
Senador, filósofo y defensor de derechos humanos, Cepeda ha construido una trayectoria asociada a la búsqueda de verdad, justicia y reparación para las víctimas del conflicto armado. Su figura representa, para amplios sectores progresistas, una apuesta por la profundización democrática y la consolidación de una agenda centrada en los derechos humanos.
Sin embargo, su candidatura llega inevitablemente acompañada por el balance que deja el gobierno saliente. Durante los últimos años, la administración Petro impulsó importantes avances simbólicos y normativos para las personas LGBTIQ+, incluyendo el fortalecimiento de espacios institucionales y apoyo de iniciativas legislativas como la Ley Sara Millerey. No obstante, también enfrentó cuestionamientos relacionados con la limitada capacidad de transformar esos avances en políticas sostenibles, territorializadas y suficientemente financiadas.
Ese es precisamente el principal reto que enfrenta Cepeda. El sector social LGBTIQ+ no evaluará únicamente su compromiso discursivo con la diversidad. Evaluará, sobre todo, su capacidad para convertir ese compromiso en acciones concretas.
La experiencia reciente ha demostrado que los gobiernos progresistas tampoco están exentos de reproducir prácticas de exclusión. La retórica de la inclusión puede coexistir con estructuras institucionales que continúan relegando las demandas de las personas sexo-género diversas cuando surgen otras prioridades políticas o económicas.
Por ello, el desafío de Cepeda consiste en demostrar que la diversidad no será un capítulo marginal dentro de su proyecto de gobierno, sino un componente transversal de su visión democrática.
Más que una elección presidencial, una discusión sobre el tipo de democracia que Colombia quiere ser
La segunda vuelta presidencial que comienza hoy no enfrenta únicamente a dos candidatos. En muchos sentidos, enfrenta dos concepciones distintas sobre el papel del Estado, el significado de la igualdad y los límites de la democracia contemporánea.
Por un lado, una candidatura que reivindica la ampliación de derechos y la inclusión como pilares de la construcción democrática, aunque cargando con las contradicciones y deudas de un proyecto progresista que aún no logra consolidar plenamente sus promesas. Por otro lado, una propuesta política que privilegia el orden, la autoridad y la seguridad, pero que simultáneamente cuestiona o minimiza los mecanismos institucionales creados para proteger a poblaciones históricamente vulneradas.
Las próximas semanas estarán marcadas por una disputa electoral intensa. Sin embargo, para las personas LGBTIQ+, la discusión trasciende la competencia partidista. Lo que está en juego es la posibilidad de consolidar avances alcanzados durante décadas de movilización social o enfrentar un escenario donde los derechos conquistados comiencen a ser cuestionados, debilitados o subordinados a proyectos políticos que consideran la diversidad como un problema cultural antes que como una expresión legítima de ciudadanía.
Este riesgo se agudiza en un contexto donde la erosión progresiva del principio de laicidad del Estado ha abierto espacios para que organizaciones religiosas —principalmente iglesias evangélicas y sectores del conservadurismo católico— incidan directamente en la agenda legislativa y en la orientación de las políticas públicas. Su participación en escenarios electorales, la colonización de bancadas parlamentarias con agenda moral explícita y la presión sistemática sobre instituciones del Estado configuran una forma de poder político de facto que opera en detrimento del marco secular que debería garantizar la neutralidad normativa frente a la diversidad.
En este esquema, los derechos de las personas LGBTIQ+ no son tratados como garantías constitucionales sino como variables negociables en disputas identitarias y culturales, lo que convierte el debilitamiento del laicismo en una amenaza estructural —no coyuntural— para la vigencia de la igualdad formal y material.
Es así que, la segunda vuelta presidencial no solo enfrenta dos proyectos políticos con diferencias profundas, sino una discusión más amplia sobre el futuro de la democracia colombiana. Las democracias contemporáneas no se sostienen únicamente mediante elecciones periódicas ni a través de la existencia formal de instituciones, su fortaleza depende de la capacidad de reconocer que la sociedad está compuesta por múltiples identidades, trayectorias y formas de habitar el mundo.
Para esta organización, el pluralismo no es una concesión, es una condición de la democracia y la diversidad no constituye una amenaza para la nación. Es una de las expresiones más concretas de la ciudadanía democrática.
Por ello, el debate que se abre en las próximas semanas no debería limitarse a quién administrará el Estado durante los siguientes cuatro años. La pregunta de fondo es qué lugar ocuparán los derechos humanos, la inclusión, la participación y el reconocimiento de las diferencias dentro del proyecto de país que emerja de las urnas.
Las personas LGBTIQ+, las mujeres, las víctimas del conflicto armado, los pueblos étnicos y otros sectores históricamente excluidos observan este proceso electoral con la conciencia de que los derechos conquistados nunca son definitivos.
La democracia se fortalece cuando amplía derechos, reconoce la dignidad de todas las personas y crea instituciones capaces de protegerlas, pero se debilita cuando convierte la diferencia en sospecha y la diversidad en un problema político. Por eso, solicitamos a los actores políticos un compromiso explícito e irrenunciable: no agredir, no instrumentalizar ni poner en discusión los derechos ya reconocidos, y garantizar que su ejercicio del poder respetará el Estado social de derecho como marco vinculante —no como referencia retórica. No se trata de solicitar favores ni de negociar protecciones básicas, sino de establecer un piso mínimo de dignidad política que no puede estar sujeto a cálculos electorales ni a presiones de ningún sector.
La decisión que tomará el país en segunda vuelta no definirá únicamente un gobierno, también ofrecerá una respuesta sobre el tipo de democracia que Colombia aspira a construir en los próximos años.
